La situación del organismo se agravó notablemente durante 2025, con medidas del Gobierno Nacional que han desfinanciado el organismo, afectado su estructura operativa y reducido drásticamente su capacidad de funcionamiento.
Este martes los concejales retornarán al recinto del Concejo para abordar en principio 3 proyectos que fueron acordados el lunes en la comisión de labor. Desde las 20 horas, la sesión abrirá con la iniciativa que promovió la oposición. Se trata del proyecto de Resolución, con motivo de ratificar lo expresado en la Resolución N°918/24, y expresar nuevamente preocupación por el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El tema, presentado por el concejal Luciano Barberis, en su articulado ratifica lo expresado en la Resolución N°918/24 del Deliberativo local, donde se expresó la preocupación institucional por el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), incluyendo despidos, pérdida de becas, cierre de delegaciones y eliminación de programas clave.
En otro de los puntos se expresa la solidaridad del cuerpo con las y los trabajadores del INTA que han sido dado de baja en todo el territorio nacional, así como con quienes hoy se encuentran en estado de incertidumbre respecto a la continuidad de sus funciones, su fuente laboral y el futuro de sus familias.
También incluye reconocer y acompañar el respaldo manifestado por entidades del agro a favor del sostenimiento del INTA, entendiendo que su rol es clave para fortalecer las cadenas productivas, garantizar la innovación y sostener el desarrollo rural en todo el país.
Finalmente se solicita enviar copia de dicha resolución a la Presidencia de la Nación, Ministerio de Capital Humano, Consejo Directivo del INTA, Dirección Regional Cuenca del Salado, Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, invitándolos a expresar su preocupación y a sumarse a la defensa del organismo.
Desde el FdT- UP sostienen que el vaciamiento institucional se ha traducido en despidos masivos y no renovación de becas de investigación, afectando especialmente a jóvenes profesionales, técnicos y trabajadores con amplia trayectoria en el sistema público agropecuario.
Que, según informes gremiales y técnicos, se estima que más de 1.700 puestos de trabajo podrían perderse este año, sumando incertidumbre a miles de familias de todo el país.
Que estas medidas también han implicado el cierre de agencias de extensión rural, la paralización de unidades experimentales y la venta o subasta de tierras e inmuebles, muchos de ellos con valor científico, histórico y social.
Que el debilitamiento del INTA pone en riesgo el acompañamiento técnico a productores, la transferencia de tecnología y el acceso al conocimiento en zonas rurales, especialmente a los pequeños y medianos productores que más lo necesitan.
