Después de una extensa demora, el Concejo Deliberante aprobará este martes el listado definitivo de aspirantes a las 30 viviendas del Plan Federal. Así quedó confirmado este mediodía, tras la reunión de labor, que presidió el presidente del Concejo, Victoriano Cano. Se aprobarán 466 expedientes.
Finalmente este martes, el Concejo Deliberante, mediante una ordenanza, estará aprobando el listado general de aspirantes, que podrán ser incluidos al sorteo para la adjudicación de una vivienda del Plan Nacional 30 Viviendas. Según se informó este lunes desde el organismo, son un total de 466 expedientes los que han sido evaluados como positivos, es decir que reúnen los requisitos para calificar como aspirantes. Fue luego de que se despejaran dudas en torno a 43 expedientes que se encontraban en observación.
El tema volvió a cobrar notoriedad en las últimas semanas luego de que el Municipio decidiera implementar modificaciones sustanciales en relación al tope de ingresos familiares permitidos para acceder al listado de aspirantes: según denunció la oposición los requisitos cambiaron de dos salarios mínimo, vital y móvil a cinco.
El viernes la legisladora María Lamarche se reunió en la ciudad de Buenos Aires, con el Secretario Nacional de Hábitat, licenciado Santiago Maggiotti, quien tiene a su cargo el Plan Federal de Viviendas por el que se están construyendo 30 unidades habitacionales en Rauch.
Según se informó desde el Frente de Todos, «el requisito sobre el límite de ingresos y el tope de salarios mínimos, vitales y móviles, lo establece cada Municipio y no es responsabilidad del Ministerio, si se convocó con un criterio y ahora lo modifican».
Además, el funcionario nacional «hizo hincapié en que la cuota social en concepto de pago de la vivienda que deberán abonar las y los beneficiarios -la que debe ser accesible-, no debe ser reintegrada al gobierno nacional, sino que dichos pagos deben formar parte de un Fondo Municipal para reinvertir en nuevas construcciones habitacionales».
En tanto desde el oficialismo, el legislador Juan Miguel Alberro, ante la modificación en los ingresos, argumentó que se tuvo en cuenta los problemas económicos que atraviesa el país y el aumento sustantivo de los bienes de consumo, y que era necesario tener en cuenta a aquellas familias que superaban «en pocos montos» los dos salarios mínimos vital y móvil, que se pusieron como requisito cuando se abrió la inscripción.
