La resolución para rechazar que el ex vicepresidente argentino cobre la jubilación vitalicia, quedó aporbada por mayoría, sin el acompañamiento del Frente de Todos. El debate político tuvo lugar en el Salón Blanco, con posturas antagónicas sobre este tema. La oposición sostuvo que el beneficio está avalado por la ley 24018, aprobada en el año 1991.
El proyecto que este martes el bloque de Juntos por el Cambio ventiló en la sesión ordinaria, referido a una resolución, con motivo de expresar el desacuerdo con las medidas que le permiten acceder a la jubilación de privilegio al ex vicepresidente Amado Boudou cuyo monto rondaría entre los $300 mil y $400 mil mensuales, generó posturas enfrentadas por parte del Frente de Todos, que derivó en que el proyecto quedara aprobado por mayoría.
Quien presento el tema fue el concejal Leandro Zudaire, quien describió las causas penales que afrontó, como los juicios que tuvo en su contra el ex presidente argentino, como también las penas que se le impusieron, por lo que terminó encarcelado en el penal de Ezeiza, aunque ahora está el libertad, favorecido por un fallo transitorio de la Justicia. «Estos fondo van a salir del estado nacional y pagados por todos los argentinos. Sabemos que estas decisiones políticas tomadas por este Gobierno que se dice popular, lo vimos en un proyecto anterior, donde les paga a los jubilados menos de lo que dice la ley y por otro lado vemos que con decisiones políticas, se favorece a los amigos del poder», expuso Zudaire.
En tanto la concejal María Lamarche, en una amplia exposición, se refirió a todos los ex presidentes y vicepresidentes, dando a conocer las jubilaciones vitalicias que perciben, dejando en claro que la ley «indica que solo no podrán acceder a dicho beneficio, es en el caso de que hayan sido removido de su cargo por un jucio político, esa es la única condición, así que legalmente es algo que no sucedió en este caso, ya que cumplió su mandato en forma normal».
«No todo es tan negro, no todo tan blanco, y no nos parece que debemos rasgarnos las investiduras, para mantener una línea de coherencia, es decir que debemos analizar todos los casos, en el marco de la ley 24.018, aprobada en el año 1991, con el acuerdo de todas las bancadas», explicó la legisladora.
