La legisladora del oficialismo, Lucrecia Herrería presentó un proyecto de comunicación, que repudia la determinación de la Justicia, de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a los encarcelados. Se cita que se trata de una medida avalada por el presidente de la Nación.
En nuestra ciudad, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, realizó un proyecto donde rechaza las excarcelaciones dictadas por los jueces de ejecución penal y tribunales de casación, en el marco de las medidas de prevención para frenar el coronavirus en la Argentina. Además cita que hay una «decisión política del Presidente de la Nación Alberto Fernández de acompañar y respaldar esta medida».
En el articulado de la comunicación, los concejales quieren dejar asentada por la vía institucional su preocupación por las excarcelaciones masivas dictadas por los Jueces de Ejecución Penal y Tribunales de Casación Penal que han sido acompañadas por el Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández y han provocado gran dolor, indignación y nerviosismo en toda la comunidad.
En tanto el segundo artículos determina el envío de una copia de dicha comunicación a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
Entre los argumentos que da sustento al proyecto elaborado por Lucrecia Herrería, se indica que el pasado «8 de abril, el juez de Casación Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo y les otorgó la prisión domiciliaria inmediata a 2.300 presos de una sola vez. La medida aceleró la catarata de pedidos y consiguió que los nuevos reclamos se salteen los requisitos que pide por ley el juzgado de Ejecución para ir directamente a la Cámara, donde brilla la luz verde de la libertad automática y con pocos controles. Entre ellos hay una serie de casos de abuso sexual infantil, en donde los acusados regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas».
También expresan que «el Presidente de la Nación se ha expresado públicamente a favor de esta medida y ha respaldado la decisión de los jueces de dictar excarcelaciones masivas a raíz de la pandemia de coronavirus».
Que la Ley de Víctimas establece que los juristas deben escuchar las opiniones de las personas afectadas por el accionar de los condenados antes de tomar decisiones. En los considerandos, se remarca que «es deber del Estado fortalecer las políticas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos un efectivo cumplimiento de sus derechos.»
Que estas decisiones han generado en la población un repudio absoluto ya que vulnera nuevamente los derechos de las víctimas y sus familiares. Las asociaciones civiles y familiares de víctimas de delitos de todo el país a través de un comunicado, sentaron su posición y desde la Asociación Madres del Dolor dijeron «Solo pedimos que se cumpla con la ley».
Se destaca en el proyecto, que también ha generado un fuerte rechazo en el arco político, algunas manifestaciones como las de los Diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio han expresado «que aunque la situación de las cárceles en la provincia requiere de la atención de todos, la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas.»
