La notificación de la causa es en respuesta al planteo realizado por los legisladores acusados, quienes hace dos semanas se pusieron a disposición del fiscal a fin de que se investigue los dichos vertidos por la concejal que ahora compone el bloque «Rauch por la inclusión».
El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones Nro. 21 del Departamento Judicial de Azul, doctor Guillermo Juan Vaticano, desestimó por inexistencia de la comisión de un delito la denuncia pública efectuada por la legisladora Débora Gutiérrez contra concejales del bloque de «Juntos por el Cambio», a quienes había acusado de «violencia política» y «discriminación».
La notificación de la causa -con fecha 19 de junio- es en respuesta al planteo realizado por los legisladores acusados, quienes hace dos semanas se pusieron a disposición del fiscal a fin de que se investigue los dichos vertidos por Gutiérrez en un documento púbico y distribuido a la prensa tras alejarse del bloque del oficialismo.
En la resolución, el doctor Vaticano expresa que de la nota glosada y de autoría de la legisladora Débora Ana Gutiérrez «no se vislumbra ni surge la comisión de ningún delito de acción penal pública en la que el suscripto pueda tener intervención, sino solo cuestiones de desavenencias en el marco del ejercicio de la actividad política que pueden o deben -o no- solucionarse en dicho ámbito, ello sin perjuicio del derecho que posee tanto la concejala Gutiérrez como el resto de los concejales firmantes de la presentación que da origen a IPP de iniciar la correspondiente querella por calumnias e injurias en caso de que se hayan sentido afectados en su honor».
Cabe recordar que hace dos semanas la legisladora Gutiérrez se alejó del bloque del oficialismo tras denunciar públicamente a sus ex compañeros de bancada -Lucrecia Herrería, Silvia Berrotarán, Mariela Nine, Gustavo Palazzo, Juan Miguel Alberro y Leandro Zudaire- de «violencia política» y discriminación».
Ante los hechos públicos, los legisladores oficialistas dieron intervención a la Justicia, poniéndose a disposición y haciendo entrega al fiscal de una copia del comunicado público de la legisladora a fin de que se investigue la posible comisión de un delito. Finalmente, el fiscal entendió la inexistencia de un delito de instancia penal.
