Se trata de una comunicación que impulsa la concejal María Lamarche. Se origina a partir de un conflicto judicial entre vecinos, por un lote que es municipal. La Concejal sostuvo que “se debe informar a las inmobiliarias que no pueden vender terrenos, que al ser propiedad del Municipio, es el único que puede hacer la escrituración”.
Un conflicto judicial por desalojo en una vivienda ubicada en un lote municipal, que fue comercializado por un agente inmobiliario, llevó al Frente de Todos a impulsar un proyecto, para que el Gobierno tome una determinación concreta, para evitar estas situaciones. Mediante una iniciativa de la concejal María Lamarche, se pedirá al Ejecutivo Municipal que tenga a bien solicitar a los operadores inmobiliarios locales, que se abstengan de intervenir en negocios donde el inmueble objeto de la compra-venta es de procedencia municipal, dado que existen requisitos básicos que deben reunir quienes aspiren a regularizar el dominio, y además los bienes públicos no deben transferirse sin el aval de los organismos del Municipio y del propio Concejo.
Sobre esta cuestión, la concejal Lamarche expresó que “hay que tener en claro que los terrenos municipales solo se pueden escriturar por parte del Gobierno y que los solicitantes deben reunir ciertos requisitos, y entre ellos figura que no tengan otras propiedades, es decir que aquel vecino que compra un lote municipal –quizas de buena fe-, y ya cuenta con otras propiedades, nunca va a poder escriturarlo a su favor, precisamente por tener otras propiedades a su nombre, como pasa en un caso donde hay una orden de desalojo sobre un vecino, que si reúne los requisitos para tramitar la escritura social a su favor”.
Lamarche destacó que “el Gobierno debe tener una posición firme en este caso, porque el terreno es del Estado, y como tal no debe permanecer indiferente, ya que la normativa en relación al otorgamiento de la posesión y posterior regularización de los inmuebles públicos es muy clara en cuanto a los requisitos que deben reunir los aspirantes, el carácter social y el destino de vivienda única, familiar y de ocupación permanente para el caso de los terrenos municipales, es condición resolutoria”.
En ese camino, planteó en el proyecto que el “Municipio debe intervenir ante los agentes de inmobiliarias locales, advirtiendo que los terrenos de origen municipal no deben ser objeto de negocios inmobiliarios de ningún tipo, excepto cuando se trata de actos determinados por el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante según lo contemplado en la Carta Orgánica de las Municipalidades”. De esta manera se pretende evitar la contienda judicial entre particulares.
